El Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, es la herramienta clave de la Unión Europea para garantizar que ningún producto agrícola que ingrese a su mercado provenga de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020. Este marco normativo busca proteger los bosques del mundo, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales y de derechos humanos en los países de origen. Para exportadores productos agropecuarios, representa un cambio de paradigma: no basta con tener un buen producto, ahora la trazabilidad y la transparencia son indispensables. La debida diligencia no solo responde a una demanda ambiental, sino también a una exigencia comercial que condicionará el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo.

Cumplir con este reglamento significa adoptar una gestión integral de la información, desde la finca hasta el puerto europeo. Las empresas deben asegurarse de que cada lote de producción esté perfectamente identificado, no solo en términos de volumen y calidad, sino también en su ubicación exacta. Además, se exige demostrar que las actividades agrícolas cumplen con las normas de uso del suelo, permisos ambientales y derechos de propiedad vigentes en el país productor. Esta responsabilidad recae principalmente en el operador o exportador que coloca el producto en el mercado de la UE, convirtiéndolo en el principal garante de la sostenibilidad de la cadena. El objetivo último es crear una economía libre de deforestación que sirva de modelo global.

La importancia del EUDR no se limita al ámbito ambiental; tiene un impacto directo en la competitividad de las exportaciones. Los consumidores y las empresas europeas valoran cada vez más los productos que demuestran un origen ético y sostenible. Por lo tanto, una adecuada implementación de la debida diligencia puede convertirse en una ventaja estratégica. Aquellas empresas que inviertan en trazabilidad y en sistemas de monitoreo modernos no solo cumplirán con la normativa, sino que también se diferenciarán positivamente en un mercado que premia la transparencia y la responsabilidad ambiental. Así, el EUDR no es solo un requisito legal, sino una oportunidad de innovación y liderazgo.

El primer pilar de la debida diligencia es la recolección de información completa y verificable. Cada exportador debe documentar de manera precisa la geolocalización de las parcelas donde se cultiva el café o el producto agrícola en cuestión. Para superficies mayores a 4 hectáreas, la normativa exige presentar el perímetro de la finca en formato polígono compatible, mientras que para áreas menores puede bastar con un punto de coordenadas. Además, se deben registrar datos como el nombre de la finca, municipio, propietario, títulos de propiedad, contratos de arrendamiento y permisos de uso del suelo. Toda esta información se convierte en la base para evaluar el cumplimiento con la normativa de la UE y la legislación local.

La trazabilidad debe ser lote a lote, garantizando que en todo momento se pueda conocer la procedencia exacta de las cosechas, su volumen, la variedad cultivada y las fechas de siembra y cosecha. Es fundamental conservar evidencias como imágenes satelitales que demuestren la ausencia de deforestación después de la fecha límite de diciembre de 2020. Los exportadores pueden apoyarse en tecnologías avanzadas, como plataformas de trazabilidad digital, software especializado, que facilitan la integración de estos datos y su posterior presentación a las autoridades europeas. Estas herramientas no solo permiten cumplir con la normativa, sino que también agilizan los procesos de auditoría y reducen el margen de error.

Además de la información técnica, el reglamento exige pruebas de cumplimiento legal en materia laboral, ambiental y de derechos humanos. Esto incluye certificaciones de buenas prácticas, licencias de uso de agua y documentos que acrediten la legalidad de las operaciones en cada etapa de la cadena. La documentación debe conservarse durante al menos cinco años, lista para ser auditada en cualquier momento por las autoridades de control de la Unión Europea. Esta disciplina documental fortalece la credibilidad de los exportadores y crea un registro histórico que respalda su reputación en los mercados internacionales. La trazabilidad, en este contexto, es tanto una obligación normativa como una herramienta de competitividad.

Una vez recolectada la información, el exportador debe realizar una evaluación de riesgo rigurosa. El objetivo es determinar si existe alguna probabilidad de que su cosecha no cumpla con las exigencias del EUDR. Este análisis incluye la revisión de la clasificación de riesgo que la Unión Europea asigna al país o región de origen, la verificación de que las parcelas no se superponen con áreas protegidas o reservas forestales y la confirmación de que no existen conflictos legales sobre la tierra. También se evalúa el riesgo de que se mezclen productos de origen desconocido en centros de acopio, cooperativas o durante el transporte. Esta etapa es fundamental para demostrar que el exportador ha ejercido una debida diligencia real y no meramente formal.

Cuando la evaluación identifica un riesgo diferente de “cero”, el operador está obligado a implementar medidas de mitigación. Estas pueden incluir la realización de auditorías independientes, inspecciones en campo, segregación de lotes y aplicación de sellos de seguridad o sistemas de cadena de custodia para impedir mezclas. La contratación de proveedores que ofrezcan garantías de trazabilidad es otra estrategia clave, así como la adopción de certificaciones voluntarias reconocidas, como Rainforest Alliance o ISCC, que facilitan la verificación externa. La rapidez y eficacia con la que se ejecuten estas medidas puede ser decisiva para mantener la continuidad de las exportaciones sin retrasos o sanciones.

La mitigación no termina con la exportación del producto. El EUDR exige que el exportador conserve un plan de seguimiento y que la información esté disponible para las autoridades europeas en caso de inspección. En este sentido, la debida diligencia se convierte en un proceso continuo y no en un simple trámite previo al embarque. La integración de sistemas de monitoreo satelital, la capacitación permanente del personal y la revisión periódica de los contratos con proveedores son prácticas recomendadas. Estas acciones no solo reducen riesgos legales, sino que también fortalecen la imagen de responsabilidad social y ambiental de la empresa exportadora en el mercado europeo.

El paso final de la debida diligencia es la presentación de la Declaración de Debida Diligencia (DDS). Este documento se debe registrar electrónicamente en el EUDR Information System de la Comisión Europea antes de colocar el producto en el mercado o exportarlo. La DDS debe contener toda la información recolectada: geolocalización, datos de producción, evaluación de riesgo y las medidas de mitigación adoptadas. Cada envío de café u otro producto regulado requiere su propia declaración, garantizando así que el control se realice lote a lote. La obligación de presentar esta declaración recae en el operador principal, que asume la responsabilidad legal de la veracidad de los datos.

La normativa exige conservar la DDS y todos los soportes de la cadena de custodia durante al menos cinco años. Durante este tiempo, las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE pueden solicitar auditorías, inspecciones o incluso incautar mercancía si encuentran inconsistencias. Las sanciones por incumplimiento van desde multas significativas hasta la prohibición de comercializar en el mercado europeo, lo que representa un riesgo financiero y reputacional considerable para las empresas. Por ello, la rigurosidad en la preparación y mantenimiento de estos documentos es esencial para garantizar la continuidad del negocio.

Finalmente, el EUDR contempla ciertas flexibilidades para micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES). Si una Pyme exportadora actúa en una cadena de suministro en la que un operador anterior ya ha presentado la DDS, puede referenciar esa declaración y aplicar procedimientos simplificados. No obstante, la responsabilidad última de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa nunca desaparece. En este marco, el éxito depende de contar con sistemas de información sólidos, alianzas confiables con proveedores y una cultura empresarial comprometida con la sostenibilidad y la transparencia, elementos que, bien gestionados, se convierten en una ventaja competitiva en el exigente mercado europeo.